A medida que las votaciones avanzan en el pleno del Consejo Constitucional y se adoptan normas impulsadas principalmente por los republicanos, hay quienes apuntan al rol que puede cumplir la Comisión Experta cuando sea su turno de analizar el texto. El borrador volverá a sus manos este sábado 7. Algunos comisionados nombrados por partidos de derecha se han sumado a las advertencias de que el texto que saldrá del pleno no permitirá un consenso amplio. Otros defienden la legitimidad de los cambios propuestos por su sector en el Consejo, gracias a la mayoría electoral que consiguieron. Desde la vereda oficialista aseguran que la Comisión Experta tendrá margen para influir sólo si previamente se logra un acuerdo político transversal.
Las palabras de Sebastián Soto se escucharon fuerte y claro en el pleno del Consejo Constitucional del pasado 21 de septiembre. La intervención del miembro de la Comisión de Expertos, nombrado por Evópoli, ocurrió en el debate sobre la propuesta de la bancada republicana para terminar con el pago de contribuciones, un impuesto que sólo afecta al 23% de las viviendas del país, dentro de las que están las más caras de Chile, y que al final beneficia a las comunas más pobres. El abogado y profesor de Derecho Constitucional manifestó abiertamente su oposición a una regla “cuestionable en lo constitucional, en lo técnico y en lo político”. También ha criticado otras normas que se han votado favorablemente en el pleno, las que a su juicio no alcanzan el consenso suficiente como para estar en un texto constitucional.
“Es verdad que nadie tiene en esto una varita mágica. Nadie sabe cuál es la fórmula del triunfo. Pero, al menos si me equivoco prefiero equivocarme con un texto de consenso y no con un texto partisano”, dijo Soto.
La votación de las normas y enmiendas por parte del pleno del Consejo terminan esta semana. Con eso, estará listo el borrador que debe ser revisado por la Comisión de Expertos, la misma que escribió el texto original que fue modificado por el Consejo. Los expertos recibirán el borrador este sábado 7, pero lo que ya se ha aprobado en el pleno dista mucho del anteproyecto que concitó alabanzas transversales al inicio del proceso. Grupos como Amarillos y Demócratas, que estuvieron junto a la derecha para imponer el rechazo a la propuesta de la fracasada Convención, ahora muestran su preocupación por las normas que han impulsado los republicanos.
No sólo Sebastián Soto, sino también otras voces de derecha han criticado la forma en que se ha ido decantando el debate en el pleno del Consejo. La precandidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, es la figura más importante de su sector que declaró que no estaba dispuesta a arriesgarse a aprobar una Constitución que “va derechito al fracaso. Y la única forma de cerrar este tema es tener un texto final lo más parecido posible al texto de los expertos. Tenemos que hacer todo, todo, todo lo posible porque sí se apruebe. Y eso significa que tenemos que tener una Constitución en la que todo el mundo pueda sentirse tranquilo”.
Volver a un tono similar al que imprimió inicialmente la Comisión Experta, como lo pide la alcaldesa Matthei, no será fácil. Aunque ahora el borrador retornará a esa instancia y los comisionados, eventualmente, pueden proponer modificaciones que retomen el perfil de su anteproyecto, esos cambios deben ser votados nuevamente por el Consejo. Y para aprobarse una norma debe contar con dos tercios de los votos, vale decir, 30 consejeros. La derecha cuenta con 33 (22 republicanos), con los que ha ido sistemáticamente dejando establecida su visión de sociedad en el texto. Se repite así lo que ocurrió con el fallido proyecto de la Convención Constitucional, que pretendía imponer una mirada que sólo representaba a un sector del país. De hecho, Evelyn Matthei dijo que el borrador, tal como está quedando, “más parece un programa de Gobierno de una mayoría circunstancial que una Constitución“.
Por lo mismo, se han ido sumando voces que indican que debe haber un acuerdo político amplio para darle equilibrio al texto. Un acuerdo adoptado por los partidos, de tal forma que ordenen los votos de los consejeros cuando estos reciban de vuelta el borrador con las sugerencias de los expertos. Así, ya ha habido acercamientos y reuniones entre líderes de la UDI, RN, PS y PPD, y también conversaciones con Amarillos y Demócratas.
CIPER habló con integrantes de la Comisión Experta de ambos lados del espectro político y si bien muestran matices, incluso los de derecha reconocen que en el pleno del Consejo está quedando plasmado el ideario de su sector, pero que eso no es más que el reflejo de la mayoría electoral que consiguieron cuando se eligió a los consejeros.
Para Yerko Ljubetic (CS), uno de los consejeros oficialistas que ha estado presente en la mayoría de las mesas de negociación que no lograron llegar a puerto, un nuevo fracaso en la elaboración del texto no haría más que profundizar la lejanía que hoy existe entre las personas y la política: “Es muy evidente que hoy la ciudadanía está lejos de la política, y ésta le genera desinterés o desconfianza. Que en dos procesos consecutivos su clase política no haya sido capaz de acordar nada menos que una propuesta constitucional, yo creo que a mucha gente le va a confirmar la idea de que la política tiene poco sentido y que no le soluciona sus problemas. Y eso es muy complicado para la democracia”, advierte el consejero.
Catalina Salem, abogada y académica de la Universidad del Desarrollo, es comisionada por cupo de Renovación Nacional. Ella reconoce que “la crítica a la constitución de 1980 por ciertos sectores se funda básicamente en el origen de su gestación, en establecer un supuesto modelo económico y contener instituciones que impedirían a las mayorías electorales expresarse, como las leyes orgánicas constitucionales o el control preventivo del Tribunal Constitucional”.
La académica agrega que “el texto de la Constitución de 1980 ha permitido diversas interpretaciones que han sido disputadas tanto en el Congreso, como en el Tribunal Constitucional y los tribunales de justicia. Es el caso del aborto en tres causales, la objeción de conciencia institucional y el financiamiento público en la educación particular subvencionada, entre otros. Lo que se ha aprobado en el Consejo sobre algunas de estas materias cierra ese debate interpretativo, constitucionalizando una interpretación y descartando la otra interpretación posible. La interpretación que está prevaleciendo es aquella sostenida por un sector que obtuvo la mayoría en el órgano redactor que detenta una representación popular directa. Desde el punto de vista técnico podría verse como algo positivo, porque clarifica a los operadores del derecho cuál es la regla constitucional aplicable. Sin embargo, desde el punto político, y con las características que tiene este proceso, queda abierta la pregunta de si es conveniente cerrar esas discusiones”.
La tesis de que era necesario cerrar algunos temas abiertos en la Constitución anterior es apoyada por el también experto Jaime Arancibia (RN), quien afirma que “ciertamente es un proyecto que tiene tintes de derecha y es menos neutral políticamente que el de la Comisión Experta, pero, más allá de las preferencias de cada uno, igual es una propuesta constitucional clásica, respetuosa de las bases, y concebida por representantes de la ciudadanía”. El académico de la Universidad de los Andes reconoce que “es cierto que algunas enmiendas han dejado fuera a la izquierda y sectores de centro, pero son todavía transitorias y están bajo escrutinio de la opinión pública. Estoy convencido de que varias de esas van a cambiar en las próximas semanas para lograr mayor consenso”.
Catalina Salem también opina que “este proceso, igual que el anterior, contempla un órgano electo democráticamente. Entonces, hay una pregunta sobre cuál es el rol del órgano electo, si el resultado tiene que ser una Constitución pactada, un órgano electo que necesariamente va a representar una mayoría electoral que pudo haber sido de cualquier signo político, ¿Qué rol debe jugar en este proceso? ¿Puede hacer prevalecer esos legítimos intereses de los ciudadanos que se expresan en esa mayoría o no?”.
El consejero republicano Luis Silva ha argumentado que lo que está saliendo del Consejo no es más que la materialización del principio de la democracia, en que las cosas se definen por mayoría. Frente a eso, Catalina Salem plantea que “acá hay una pregunta grande para cualquier proceso constitucional, que es si una Constitución debe ser aprobada en base a las mismas reglas que una ley. Yo entiendo a los republicanos cuando afirman que los desacuerdos los estamos resolviendo con la regla democrática de la mayoría. El punto es si una Constitución Política que está destinada a regir en el largo plazo, no como una ley, debiera hacerse bajo ese principio simple o debiera tener consensos más amplios”.
Frente a las críticas de la izquierda de que varias de las normas aprobadas son un retroceso democrático y de derechos para gran parte de la ciudadanía, Salem responde que “depende de cómo se mire, yo creo que son temas que generan posiciones encontradas en la sociedad y, por lo tanto, lo que para alguien puede ser un retroceso, para otra persona puede ser un avance. Y ahí volvemos al tema de si es aconsejable o no que esos temas estén en la Constitución”.
“En lo que no hay ningún lugar a duda es que una Constitución requiere de una lealtad por parte de los ciudadanos que sea transversal y ahí volvemos al tema que también ha estado presente en la discusión pública sobre esta necesidad de un pacto político transversal”, señala Salem. Y añade: “Una Constitución que representa solamente a un sector, como se ha dicho, genera lealtad en ese sector, pero a lo mejor no en otro. Y es fundamental para una Constitución Política que todos los ciudadanos sin exclusión se sientan vinculados por ella, porque de eso va a depender su vigencia”.
Entre los comisionados del oficialismo reina la frustración. En conversación con CIPER, varios plantean que las ideas de la derecha son legítimas en democracia, pero eso no implica que éstas deban quedar zanjadas a nivel constitucional como la única opción posible.
“Creo que es legítimo que en democracia alguien crea que el sistema de voucher es lo mejor para garantizar la educación o que la capitalización individual sea lo mejor en pensiones. También es legítimo que, si está tan convencido, intente persuadirnos y convencernos. Y si cree que es algo tan importante como para que toda la sociedad vaya hacia allá, bueno, que en las elecciones participe y convenza a la mayoría para lograrlo, pero lo que no es legítimo es cerrar ese debate a nivel constitucional. Yo no conozco constituciones que cierren cosas así”, explica el comisionado del PS, Flavio Quezada.
La clave del acuerdo político que se alcanzó en la Comisión Experta para redactar el anteproyecto, explican sus integrantes, era la posibilidad de crear un texto que permitiera que cualquier ciudadano, independiente de su color político, pudiera sentirse representado. Y para que los futuros gobiernos, del partido que fuesen, pudieran gobernar y no quedaran de manos atadas por una Constitución que deja en la ilegalidad la visión de los que legítimamente ganen en las urnas. Sin embargo, a juicio de los expertos de izquierda, los cambios que ha impulsado la derecha, y especialmente el Partido Republicano, no han respetado las bases que permitieron ese acuerdo en la Comisión Experta.
“El anteproyecto tenía la posibilidad, las bases, de genuinamente permitir un Estado social en Chile. Pero esa definición fue desmantelada en el Consejo. La base del Estado social, que estaba incluida en las 12 bases del acuerdo, fue dejada sin contenido, como una declaración vacía. Lo que caracteriza al Estado social es que justamente existan derechos sociales como un espacio breve de solidaridad, pero eso se desmanteló”, explica Quezada, refiriéndose a las decisiones del Consejo que dejarían en la ilegalidad a los sistemas de reparto en pensiones o los fondos comunes para financiar el sistema de salud.
A partir de este 7 de octubre “la Comisión Experta tendrá margen para corregir cuestiones menores o mayores dependiendo de si se logra o no un acuerdo político. Si hay un acuerdo político transversal, importante, satisfactorio, es simplemente mandatar a la comisión para que sus observaciones recojan ese acuerdo, porque después esas observaciones tienen que ser ratificadas por el pleno. Si no existe ese acuerdo, el margen que tiene la Comisión Experta se reduce a cuestiones de lógica estructural, cuestiones que podrían ser importantes, pero que no van a tener el alcance de resolver los desacuerdos a los que se haya arribado al finalizar los plenos”, asegura el consejero Yerko Ljubetic (CS).
Los expertos, dice Ljubetic, “pueden tener la mejor de las intenciones, pero hay que recordar que lo que ellos observen vuelve al pleno, que es el que resuelve. Hay ciertos casos que podrían terminar discutiéndose en una comisión mixta (integrada por consejeros y expertos) y en esa comisión, la derecha del Consejo tiene la mayoría necesaria para hacer irrelevante lo que opinen los expertos y expertas de derecha”.
Fuente: CIPER CHILE
