En el marco de la discusión del catálogo de Derechos Fundamentales que se está generando en el Proceso Constituyente, el académico José Manuel Díaz de Valdés expuso frente a la comisión experta y a los consejeros constitucionales, en la comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
Esta semana se llevó a cabo la tercera sesión de la comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Proceso Constituyente, donde el director del Doctorado en Derecho, el Sr. José Manuel Díaz, expuso su visión sobre la importancia de considerar estos derechos no solo desde la perspectiva de la igualdad, sino también desde la libertad y la dignidad humana, ya que, están interconectados y que su reconocimiento permite ejercer las libertades consagradas en la Constitución.
En su intervención, destacó las diferentes formas de abordar estos derechos en la constitución, ya sea como derechos propios o mediante deberes del Estado. Eso sí, resaltó la importancia de considerar quién será responsable de hacer efectivos estos derechos, ya sea el legislador, el poder ejecutivo o los jueces.
El académico manifestó que estos derechos son costosos de implementar, lo que a veces requiere priorización y cautela en su aplicación. Y que, además, es necesario establecer mecanismos para hacerlos efectivos más allá del texto constitucional, involucrando a diferentes actores. Asimismo, consideró importante la vinculación de estos derechos con las políticas públicas, ya que requiere una acción más evidente y fuerte por parte del Estado.
Por ende, para existen 3 desafíos que se deben tener en cuenta al regular estos derechos:
– Los costos asociados a su implementación.
– La necesidad de alinear a diferentes actores para hacerlos efectivos.
– Vinculación con las políticas públicas.
El Director del Doctorado en Derecho, también abordó la responsabilidad fiscal y la participación, tanto pública como privada, en la protección de estos derechos. Haciendo una referencia a algunos artículos del texto específicos, como el recurso de protección y el deber del Estado para garantizar el cumplimiento de estos derechos.
Por último, el profesor investigador hizo hincapié en la igualdad material y la interpretación de este concepto en el ámbito del derecho, quien comentó que la igualdad material implica tomar en consideración las circunstancias particulares de cada persona al aplicar las normas, y que los derechos económicos y culturales tienen una relación con esta igualdad.
En síntesis, José Manuel Díaz de Valdés, destacó los siguientes punto del anteproyecto propuesto por la Comisión Experta:
Desarrollo progresivo: Se estableció la idea de avanzar gradualmente en la implementación de estos derechos, con la no regresividad como principio. Sin embargo, es importante asegurar que estos principios no queden solo en letra muerta.
Responsabilidad fiscal: Mencionó la importancia de considerar la responsabilidad fiscal al momento de garantizar estos derechos y que algunas constituciones incluyen normas específicas al respecto.
Remoción de obstáculos: Destacó la necesidad de remover obstáculos para asegurar condiciones efectivas de igualdad, lo que implica un cambio hacia la igualdad material. Sin embargo, existe debate en cuanto a la interpretación de la igualdad material en el ámbito jurídico.
Determinación de contenidos específicos por parte del legislador: Consignó que según la Comisión experta, es responsabilidad del legislador determinar los contenidos específicos y prestaciones concretas de estos derechos, mientras que los tribunales tienen un papel de verificar su cumplimiento sin establecer dichos contenidos.
La tercera sesión de la comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales también contó con la participación de los académicos Nicolás Eyzaguirre y Francisco Zúñiga, quienes expusieron distintos modelos internacionales en materia de salud, educación, vivienda y pensiones.
– José Manuel Díaz de Valdés: 1:25:00 – 1:50:00
