Alrededor de 35 minutos estuvo exponiendo la exministra del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, en la comisión especial que estudia el libelo acusatorio en contra de la exministra de Justicia, Marcela Ríos.
Durante ese tiempo, Peña habló sobre la pertinencia de la acusación que Chile Vamos presentó la semana pasada.
“La acusación constitucional como fuente de la responsabilidad política no es excluyente de otras formas de responsabilidad, pero lo que es más importante en cuanto a la naturaleza es que toda acusación constitucional se inserta dentro del sistema de frenos y contrapesos, también conocido como check and balances, que le dan vida a un Estado de Derecho sobre la base del principio de separación de poderes(…)”. Y señaló que esa herramienta es un mecanismo de control “político jurídico”.
“La Cámara de Diputados es un órgano político y como tal está llamada no solamente a hacer un juicio estrictamente jurídico, sino que también juicios que se llaman más políticos, que tienen que ver con el mérito, con la conveniencia o con la oportunidad de los actos, como sucede con la primera atribución que se le otorga a esta honorable Cámara, atribución exclusiva que es la de fiscalizar los actos del Gobierno”, señaló en la instancia la también directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo del Desarrollo.
Sin fundamentación
La exposición de la exministra del TC se basó principalmente en el capítulo primero de la acusación constitucional, en el que se acusa a la exministra Ríos por la entrega de los indultos, cuyos decretos llevan su firma.
Sobre el punto, señaló Peña que en varios de estos decretos “se hace una excepción por orden del Presidente de la República y en virtud del artículo sexto de la ley 18.050, la que exige la debida fundamentación”.
Sin embargo, planteó Peña, “nos encontramos en el caso de los decretos supremos que indultan a los señores (Jorge) Mateluna y (Luis) Castillo con que en primer lugar existe claramente falta de fundamentación”. Esto, añade, “porque se concede indulto particular a personas como el señor Castillo, que era claramente un delincuente”.
En la presentación que proyectó, señalaba que “no se funda la excepción” y se preguntó si “¿basta decir que es un caso calificado en base a informes social y educacional?” a lo que se respondió que no y argumentó su respuesta en base a la Constitución, que señala que el Estado debe dar protección a la población y a la familia.
A lo anterior, añadió que “la mayoría de los casos de los decretos” que se otorgaron, concurren en dos tipos de infracción a la ley. El primero, planteó, “por no haberse fundamentado algunas causales que impedían la otorgación de los indultos, y segundo, por ser la fundamentación insuficiente”.
Para Peña este punto es “muy relevante” porque los diputados son los representantes de la ciudadanía, la que “necesita y merece saber por qué una persona que cometió objetivamente hechos de violencia constatados por una sentencia judicial firme o ejecutoriada, puede seguir cumpliendo la pena en libertad”.
Rol del Tribunal Constitucional
Ante la pregunta de la diputada Carolina Tello (PC), parte de la comisión, quien consultó acerca de qué pasaría si la acusación avanza y alguna otra institución que está estudiando la causa (Contraloría y TC) dijera que “estábamos equivocados”, Peña respondió que el TC puede declarar a través de una sentencia que los decretos fueron contrarios a la Constitución.
Por último, sobre el segundo capítulo del libelo presentado por Chile Vamos, la exministra del TC expuso que hay que analizar si Ríos “dejó sin ejecución la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado que la obliga a ejercer un control jerárquico sobre un servicio público centralizado y dependiente de su ministerio como es Gendarmería”.
Durante la jornada de hoy se realizará una sesión en la que expondrá el defensor de Ríos, José Antonio Viera-Gallo, y se espera que el próximo miércoles se vote la acusación en la sala de la Cámara de Diputados.
La exministra del TC, Marisol Peña expuso ayer en la comisión que estudia el líbelo contra Ríos.
*Marisol Peña Torres, Directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo en entrevista para diario El Mercurio.
