Carta al Director publicada el domingo 13 de marzo por Marisol Peña, Directora de Programas Académicos y Profesora Investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho UDD, en La Tercera y La Tercera online.
Se ha sabido que algunas colectividades políticas han pretendido designar como ministros del Tribunal Constitucional a exdiputados que no fueron reelectos. Ni el procedimiento ni los candidatos difundidos cumplen el propósito de contribuir a fortalecer nuestra justicia constitucional. Particularmente, en tiempos en que dicha institución es objeto de todo tipo de embates que, incluso, amenazan su subsistencia, en perjuicio de la defensa de los derechos de personas y grupos, que sí se han visto eficazmente protegidos a través de las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de preceptos legales de que ha conocido el TC desde 2006 a la fecha.
Entre los candidatos que podrían acceder al Tribunal Constitucional por los cupos parlamentarios o en las dos vacantes que debe proveer el Presidente Boric, no se ha mencionado el nombre de juristas. Y basta observar el listado de miembros de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional para percatarse de que existen varias académicas que no solo cumplen los requisitos constitucionales para acceder al cargo, sino que satisfacen los estándares de especialización y conocimiento que hoy exige el ejercicio de la jurisdicción constitucional.
Sin apelar a la difundida “teoría del género”, y con el honor de haber abierto el camino a que las mujeres podamos llegar a presidir el Tribunal Constitucional, llamo a los representantes de los poderes públicos a buscar nuevas ministras para integrar el Tribunal o la nueva Corte Constitucional, porque, salvo casos muy excepcionales, las mujeres les hacemos bien a las instituciones y nada nos separa hoy de varones que han cultivado nuestra misma especialidad.
