Nuestros legisladores decidieron dar una señal de austeridad y congelaron el reajuste de algunos órganos de control del poder (el contralor general de la República y los ministros de la Corte Suprema). Debido a la inflación, un reajuste de 0% equivale a una disminución material de las remuneraciones. En sencillo, los legisladores acordaron bajarles el sueldo a los jueces y al contralor. Enrique Navarro (carta del lunes) sostiene, con razón, que una medida de este tipo puede menoscabar la independencia judicial.

Es importante precisar que el menoscabo a la independencia no se debe al monto actual de las remuneraciones, ni a esta medida concreta. Después de todo, dicho monto sigue siendo especialmente alto (equivalente al que reciben otras altas autoridades de nuestro sistema político), y la medida adoptada no viola reglas constitucionales explícitas. El problema es que el reajuste depende de autoridades que poseen pocos incentivos para respetar la autoridad y autonomía de estos órganos. 

La Corte Suprema y la Contraloría deben vigilar que los otros poderes políticos se sometan a Derecho. Para ello, deben existir las condiciones institucionales que impidan que las presiones políticas determinen el resultado de los procesos judiciales y de control. Por este motivo, las remuneraciones de nuestros jueces, y del contralor, no deben depender de la voluntad de los legisladores de turno, sino que de normas estables que trasciendan criterios modificables anualmente. Siguiendo esta misma idea, varias constituciones garantizan que el sueldo de los jueces no será reducido mientras ellos permanezcan en sus cargos (e.g., Australia, Irlanda, Israel, Japón, Corea, Nueva Zelandia, Sudáfrica, Estados Unidos, por nombrar algunas), una idea defendida ampliamente en la literatura constitucional. 

Al igual que aquellos diputados que algunos meses atrás intentaron destituir a algunos jueces por dictar fallos de los cuales discrepan, los legisladores actuales, que estimaron correcto dar una señal de austeridad, desatendieron el principio bajo el cual las reglas que gobiernan a los órganos de control del poder deben garantizar la independencia de los mismos. Ha sido un mal año para la independencia de los órganos de control. 

Sergio Verdugo
Centro de Justicia Constitucional