La investigadora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo (UDD), Camila Boettiger, fue consultada por Emol para analizar la polémica situación de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, respecto a su eventual inhabilitación en la nueva votación del proyecto minero-portuario Dominga. La noticia fue publicada el martes 10 de diciembre y destaca las implicancias legales y éticas de este caso para el Gobierno.
El fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que anuló por «ilegal» la resolución del Comité de Ministros, subrayó que Maisa Rojas y Marcela Hernando, entonces ministra de Minería, participaron en la votación pese a haber emitido opiniones públicas contra el proyecto. Esto, según el Tribunal, vulneró los principios de imparcialidad y confianza legítima, generando cuestionamientos sobre la posición de Rojas en futuras decisiones.
Camila Boettiger enfatizó la importancia de garantizar imparcialidad en las decisiones públicas: «En general, para una autoridad adelantar juicio u opinión sobre una decisión administrativa o judicial afecta la garantía de la imparcialidad. Dado que en este caso habían antecedentes públicos de la posición del Ejecutivo y de la ministra sobre el proyecto en específico, hubiera sido mejor una inhabilitación para evitar dudas.»
El debate también se enmarca en un dictamen previo de la Contraloría General de la República, que señaló que las opiniones de los ministros no configuraban causales para su inhabilitación. Sin embargo, los expertos coinciden en que el caso establece un importante precedente para futuras decisiones gubernamentales en temas sensibles.
