Columna de Opinión publicada el pasado martes 12 de julio por Francisca Labbé, Profesora Investigadora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, en BíoBío.
Si hablamos de protección de datos y de privacidad en la era digital, muchas personas advierten que aquellas aplicaciones gratuitas tienden a monetarizar nuestros datos. Esto parece evidente, porque no hacerlo tiene un costo, el que finalmente se traduce en el cobro de una tarifa de cargo de usuario. Por lo tanto, ninguna aplicación es gratuita: o pagamos en dinero, o damos nuestros datos en pago. Pero siempre estamos pagando el precio.
Así, vemos en el mercado digital una segmentación entre consumidores que pagan, y obtienen privacidad a cambio, y aquellos que acceden gratuitamente a los servicios, con estándares más bajos de protección de su privacidad. A simple vista, parece algo bastante lógico: si pago más caro, obtengo un mejor servicio. En este caso, mayor calidad significa más privacidad, siendo ésta uno de los atributos diferenciadores del producto.
Sin embargo, es válido preguntarse si es tan sencillo el análisis, dado que pareciera que hay más puntos a considerar, porque, entre otras cosas, mayor privacidad se traduce en mayor seguridad en el mundo digital. Pero también en el mundo físico, puesto que hay evidencia de que quienes participan en ciertos crímenes son influenciados, al menos parcialmente, por información errónea y contenido radical que encuentran en línea.
Asimismo, se ha demostrado que existe influencia de la cobertura de los medios y videojuegos en comportamientos violentos, así como en el fomento de estereotipos y expectativas que pueden inducir a más personas a participar en actividades delictivas. Normalmente toda esta información se divulga en línea a través de servicios que son, aparentemente, gratuitos.
De esta manera, la violencia va aumentando, y se traslada del mundo físico al espacio digital y viceversa. Las personas vivimos más inseguras hoy que ayer; ya no nos sentimos tranquilas ni siquiera en la intimidad de nuestros hogares, en donde cualquier dispositivo con conexión a internet se transforma en un portador de mensajes enviados por un desconocido o un eventual enemigo.
En consecuencia, para combatir la escalada de violencia que tanto nos abruma, ¿basta con prohibirle a la población civil la tenencia de armas? ¿No será más importante avanzar en políticas públicas que nos permitan obtener una participación más equitativa en el mundo digital, igual de segura para todos, que tiendan hacia la humanización y moderación del contenido? Recordemos que en general las personas, ya sea por falta de conocimientos técnicos, madurez, educación, dinero, tiempo o interés, no son eficaces defensoras de su propia privacidad, y por lo tanto reciben constantemente contenido que puede dirigir sus pensamientos hacia conductas y/o respuestas violentas.
Ojalá que el sistema político tenga presente planteamientos como este al momento de diseñar leyes, reglamentos, políticas, etc., porque en una sociedad cada día más polarizada es fundamental atacar los problemas de raíz y no solo en su superficie, con medidas efectivas y no populistas.
