M° ALEJANDRA VÁSQUEZ HAUVA
Ingeniero Ambiental
Alumna Mg. (a) Derecho Ambiental

Imagine un proyecto minero que ya cuenta con luz verde ambiental, pero que igual debe esperar más de cuatro años para conseguir un solo permiso sectorial. No es una exageración, según la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, hay permisos críticos para la minería que hoy demoran entre 28 y 53 meses en tramitarse, muy por sobre lo que establece la ley. Ese no es un simple retraso administrativo. Es tiempo, es dinero, y también es una oportunidad perdida para hacer las cosas mejor desde el punto de vista ambiental.

A veces se cree que cuidar el medioambiente y avanzar con la inversión son cosas que chocan entre sí., pero el problema real casi nunca es ese. El problema es un sistema donde un proyecto ya evaluado y aprobado ambientalmente queda atrapado esperando la firma de otro servicio público, mientras los costos financieros siguen corriendo. Entre enero de 2024 y marzo de 2026 ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 86 proyectos mineros, varios de ellos megaproyectos que superan los 2.000 millones de dólares. Cada mes de atraso en esos casos no es un detalle menor, es un impacto directo en la rentabilidad, en los empleos que se generan más tarde de lo previsto, y en la confianza de que Chile puede tramitar rápido sin dejar de cuidar el territorio.

En septiembre del 2025, el Estado promulgó la Ley N° 21.770, Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que promete reducir los tiempos de tramitación entre un 30% y un 70%. La meta es ambiciosa y necesaria. Pero conviene ser cautelosos, una ley recién promulgada no cambia por sí sola la forma en que los organismos públicos coordinan sus procesos, ni resuelve automáticamente la falta de personal técnico o los cuellos de botella históricos en servicios como la Dirección General de Aguas, Consejo de Monumentos o el Servicio Agrícola y Ganadero, entre otros. La reforma pone el marco correcto; falta ver si la implementación está a la altura del desafío.

Agilizar permisos no debería entenderse como bajar los estándares ambientales, sino como dar certeza a un proceso que hoy es lento para todos, para las empresas, para el Estado y también para las comunidades que necesitan procesos claros y a tiempo. Cuando un trámite demora años en vez de meses, quien termina perdiendo credibilidad es la propia institucionalidad ambiental.

La Ley N° 21.770 es una oportunidad real de destrabar un cuello de botella que lleva años frenando la inversión minera en Chile. Pero su éxito no se medirá por lo que promete en el papel, sino por si en la realidad logra que tramitar un permiso deje de tomar más tiempo que construir el proyecto mismo.