En la sesión N°18 de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, realizada el lunes 17 de agosto, la abogada y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Isabel Warnier, expuso sobre dos proyectos de ley actualmente en tramitación legislativa.
La académica UDD fue invitada a presentar su análisis técnico sobre el proyecto de fortalecimiento del ejercicio de la responsabilidad parental (Boletín 18378-18), iniciativa del Ejecutivo que introduce un deber activo de guía y orientación parental en el Código Civil y sobre el proyecto que refuerza la protección integral de niños, niñas y adolescentes en procesos judiciales y sanciona los falsos informes y denuncias (Boletín 18326-18), moción parlamentaria que modifica ocho cuerpos legales.
Respecto del primer proyecto, Warnier explicó ante los diputados que la iniciativa responde a un vacío histórico del Código Civil de Bello, que solo permite reparar el daño una vez causado, sin mecanismos preventivos. La abogada destacó que el proyecto exige gradualidad, derivación a programas de habilidades parentales antes de sancionar; y que las consecuencias más severas quedan reservadas exclusivamente para el desinterés parental comprobado, no para la precariedad económica.
«El proyecto acierta en no exigir recursos económicos para dar cumplimiento al deber de guía y orientación. Es un deber de presencia y atención, no un deber de contar con patrimonio», señaló la profesora ante la comisión.
La académica recomendó la aprobación en general del proyecto, pero planteó una serie de indicaciones: precisar la articulación entre la acción civil y el nuevo procedimiento infraccional, ampliar el catálogo de reparaciones para incluir daño moral, corregir la administración de las multas contempladas. El punto que generó mayor debate, fue el dotar de recursos reales a los tribunales de familia, advirtiendo que el informe financiero del proyecto declara que no irrogará mayor gasto fiscal, lo que a su juicio compromete su viabilidad práctica.
El proyecto fue aprobado en general por 8 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, con plazo de indicaciones fijado hasta el 27 de agosto.
Sobre el segundo proyecto, Warnier realizó una extensa presentación basada en su experiencia como litigante en tribunales de familia. Sostuvo que el proyecto no es una «reforma parche» sino una respuesta sistémica que exige estándares técnicos a los informes periciales, establece que las medidas cautelares que afectan el vínculo entre el niño y su progenitor solo deben aplicarse como último recurso y sanciona con responsabilidad civil, penal y administrativa a quien denuncie falsamente a sabiendas de la falsedad.
La profesora enfatizó ante los parlamentarios que la iniciativa no busca desincentivar denuncias reales: «Si eliminamos las denuncias falsas, se protege de mejor manera las que son verdaderas (…) La ley no castiga la primera y este proyecto lo entiende.»
Este segundo proyecto no alcanzó a votarse en la sesión y su discusión general continuará en próximas sesiones de la comisión, la cual además acordó solicitar un informe a la Corte Suprema al respecto.
