El seminario reunió a representantes de la judicatura y especialistas de Chile, Argentina y Paraguay, quienes analizaron las amenazas que enfrenta la independencia de los tribunales y los principales aspectos de la reforma al sistema de nombramientos judiciales que se discute en el Congreso.
La Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo (UDD), a través de su Centro de Justicia Constitucional (CJC), junto a la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile y la Federación Latinoamericana de Jueces (FLAM), realizó el seminario “Desafíos actuales de la independencia judicial”, instancia que convocó a jueces y académicos para reflexionar sobre el estado de la independencia judicial en Chile y América Latina.
La jornada fue inaugurada por el decano de Derecho UDD, Gonzalo Rioseco, y la presidenta de la FLAM, magistrada Elka Marianne Reyes Olivo. La exposición inicial estuvo a cargo del exministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín, seguida de dos paneles de discusión.
En su presentación, Hernán Larraín abordó la situación de la independencia judicial desde una perspectiva regional y advirtió sobre distintos factores que pueden debilitarla, entre ellos la corrupción, la concentración del poder al interior de los sistemas judiciales, la captura política y la presión ejercida por el crimen organizado.
En este contexto, planteó la necesidad de avanzar hacia modelos que permitan separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas, fortalecer los mecanismos de integridad y garantizar una asignación de causas transparente y auditable.
La discusión continuó con la participación de jueces de Argentina, Paraguay y Chile, quienes compartieron sus experiencias y analizaron los desafíos institucionales que enfrentan sus respectivos sistemas judiciales.
El presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile, Javier Mora Méndez, puso especial énfasis en la situación chilena y en los efectos que el denominado “caso Audio” ha tenido sobre la confianza en el Poder Judicial. Asimismo, cuestionó la concentración de atribuciones administrativas y disciplinarias en la Corte Suprema y planteó la necesidad de fortalecer las garantías asociadas a los procesos disciplinarios.
Por su parte, los representantes de Argentina y Paraguay destacaron la importancia de contar con instituciones sólidas, mecanismos adecuados de selección y responsabilidad de los jueces y una judicatura capaz de mantener la confianza de la ciudadanía.
Alejandro Nóbili, secretario general de la FLAM, relató su experiencia en el Consejo de la Magistratura en Argentina y advirtió que ningún diseño institucional por sí solo garantiza independencia: «esto es como tener distintos autos, pero si hay malos conductores vamos a incurrir en los mismos problemas», planteó.
Mientras que Natalia Molas Ávalos, vicepresidenta de la FLAM, centró su intervención en la integridad y la institucionalidad como los dos pilares que sostienen la confianza ciudadana en la justicia, e hizo un llamado a que la judicatura recupere «un rostro humano» frente a los justiciables.
El segundo panel estuvo dedicado al proyecto de reforma constitucional que crea un Consejo de Nombramientos Judiciales y busca separar las funciones jurisdiccionales de aquellas vinculadas al gobierno y administración del Poder Judicial.
La profesora investigadora de CJC UCC, Catalina Salem, explicó los principales elementos de la iniciativa y sus modificaciones, destacando que el diseño busca resguardar tanto la independencia interna como externa de los tribunales. Entre los aspectos abordados estuvo el mecanismo de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema y la incorporación de un sistema de sorteo para resolver eventuales empates en determinados procesos de designación.
En tanto, el profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica, José Francisco García, revisó la evolución del proyecto y los principales reparos formulados por la Comisión de Venecia y, más recientemente, por la Corte Suprema. Según explicó, las observaciones planteadas por el máximo tribunal abren una discusión más amplia sobre el futuro gobierno judicial y el rol que deberá cumplir la propia Corte Suprema dentro del nuevo diseño institucional.
El académico sostuvo que la reforma requiere una mirada sistémica que no se limite al mecanismo de nombramientos, sino que considere también la administración del Poder Judicial y la distribución de sus distintas funciones.
El seminario permitió así reunir distintas perspectivas sobre uno de los elementos centrales del Estado de Derecho: la existencia de tribunales independientes, capaces de ejercer su función jurisdiccional con autonomía y garantías institucionales. La discusión adquiere especial relevancia en Chile, donde el proyecto de reforma al sistema de nombramientos judiciales continúa su tramitación en el Congreso y enfrenta un debate sobre el diseño que deberá adoptar el futuro gobierno del Poder Judicial.
