Columna de opinión publicada en El Mercurio Legal, el pasado martes 16 de marzo por Académicos de Derecho Procesal de la U. del Desarrollo* Jaime Carrasco, Raúl San Martín, Kitty Navea, David Navea, Mario Vargas, Juan Pablo Bocaz, Sofía Iglesias y Patricio Gómez son profesores del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo.
En respuesta a una crisis de confianza generalizada en las instituciones, y con una participación histórica (cercana al 50% de la población habilitada para sufragar), la ciudadanía decidió en octubre del año 2020 aprobar la idea de elaborar una nueva Constitución gestada desde el seno de una convención constitucional. Comenzando un nuevo año, conviene iniciar un análisis desde la perspectiva de lo que se ha denominado “las garantías judiciales”, en particular, desde el área del derecho procesal.
Como primera cuestión, esta rama del derecho, que desde antiguo se encuentra contemplada en las constituciones del mundo occidental, requiere de una adecuada discusión de contenidos respecto de los cuales se podrán acordar algunos mínimos que no deben ni pueden ser desatendidos. En esta línea, no nos cabe duda de la necesidad de confirmar y ajustar los elementos esenciales relacionados con el debido proceso. Es así que dentro de su núcleo sustancial se contemplan el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, el derecho a un tribunal independiente e imparcial y el derecho a ser enjuiciado dentro de un plazo razonable. A su vez, en torno a los límites de tales derechos se han presentado largas discusiones, las que seguramente se sostendrán también a propósito de la confección de la nueva Constitución (como, por ejemplo, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas o de resolución oportuna, lo que hoy en día cobra especial relevancia, al igual que la gratuidad, la calidad de la asesoría jurídica, etc.).
Tal como lo ha reconocido recientemente la Corte Suprema, este proceso de discusión constitucional no puede iniciarse desde cero, ni tampoco se puede hacer caso omiso de la realidad judicial imperante. No solo existe una abundante discusión doctrinaria y jurisprudencial previa, sino que el mismo legislador ha conocido de diversos proyectos de ley que tienden a una actualización del sistema de justicia ejecutado por y ante la magistratura (como son el Proyecto de Código Procesal Civil, de marzo de 2012, o el reciente Boletín N° 13.752-07, de septiembre de 2020).
Así las cosas, este inminente contexto creativo para una nueva Constitución permitirá afinar tanto los límites de los derechos antes descritos, como, asimismo, lograr una coordinación y proyección coherente de estos con un moderno sistema de justicia, el cual requiere indudablemente de una actualización que reconozca todas las necesidades de las partes que ante este litigan.
La oportunidad está dada y es menester reconocerla de la mejor forma, recopilando, ordenando y discutiendo sobre la base de estos mínimos los límites que requiere actualmente la garantía del debido proceso, de modo de otorgar a la ciudadanía una respuesta satisfactoria que permita generar confianza y legitimidad social en lo que refiere a las instituciones asociadas al ejercicio de la judicatura y el reconocimiento de los derechos que ante ella se discuten.
