Los procesos migratorios han sido, son y serán connaturales al hombre y, por tanto, contextualizados al fenómeno de globalización, no pueden resultarnos extraños, sin embargo, Chile ha tenido una particular relación con los mismos dado el carácter de “país destino” que tenemos, a diferencia de los países que son caracterizados como “de tránsito”. De tal modo que la actual problemática migratoria se puede analizar desde varios ángulos. El primero de ellos jurídico, el segundo socio-cultural y el tercero político.

Respecto al plano jurídico es imperativo una re- gulación administrativa, que asegure el orden y la seguridad tanto de los migrantes que llegan como
de la población que recibe. Y eso está fuera de cualquier discusión valórico y/o dogmática. En relación a lo social y cultural la respuesta de la población ha sido, en general en muy buenos términos respecto de aquellos que han venido a nuestro país a trabajar y eso se percibe claramente en las calles, así como la adaptación de ambos grupos. Finalmente, sobre lo político el planteamiento de la nueva administración es un cambio a la anterior legislación, actualizando la ley a la realidad que impera en estos momentos en Chile.

Lo anterior resulta del todo objetivo y lógico. Nuestro país ha estado en una carrera inmigratoria sin precedentes en la historia, sin embargo, los recuerdos del pasado (sirios, bosnios, checos, entre otros) dan cuenta de la triste y decepcionante gestión pública y de la nula participación social de todos los chilenos en aquellos casos.

De allí que resulta urgente el poder hacer frente a esta situación con el mayor de los realismos tanto políticos como económicos, entendiendo que existe una carga económica importante para nuestro país, que además debe responder a los acuerdos internacionales firmados en orden a la cooperación e integración que hacen de Chile un Estado de Derecho consagrado en la región; no obstante ello, el Presidente Piñera deberá coordinar esfuerzos institucionales a fin de ser claro y preciso a la hora de implementar la nueva ley de inmigración, sin discriminaciones arbitrarias y velando por el adecuado uso de recursos fiscales.

Paula Bravo
Profesora Facultad de Derecho Universidad del Desarrollo