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Artículo publicado en La Tercera on line el día 5 de junio de 2013.
Esta profesión es hoy tanto o más necesaria que en el pasado, y la ausencia de abogados en lo público que se observa, ha llevado a que se considere prescindible el consejo letrado.
por Olga Feliú – 05/06/2013 – 04:00
LAS SOCIEDADES civilizadas se fundan en normas de derecho. Son reglas jurídicas las que establecen los límites al Estado, aseguran a las personas sus derechos y disponen las normas básicas sobre los poderes del Estado y sus órganos fundamentales. Las leyes deben establecer la competencia de toda autoridad -sea ejecutiva, legislativa o jurisdiccional-, y la forma en que deben ejercerla. Los derechos de las personas se reconocen por tribunales letrados y, a todas ellas, la Carta Fundamental les asegura “defensa jurídica” en la forma que la ley señale.
Todo lo anterior configura, en grandes trazos, el estado de derecho. Pero éste requiere también, que las instituciones estén bien estructuradas, de manera que funcionen en forma eficiente, transparente y respetuosa de los derechos de las personas. Esto se logra a través de normas jurídicas. Todas ellas requieren de letrados, insustituibles por otros profesionales.
Pero además, la actuación de la Administración debe ser previsible y respetar sus propios actos previos, y ahí surge, entonces, la confianza legítima, la doctrina de los actos propios, la seguridad jurídica. Todas estas instituciones concebidas y diseñadas por la doctrina y la jurisprudencia. ¿Por quiénes? Los juristas.
Tal como sostiene Douglas North (premio Nobel de Economía) la prosperidad y el bienestar de los países depende de su sistema político y de la solidez de sus instituciones. Agrega que ese es el mayor capital de los pueblos, más que sus recursos naturales. En nuestro medio, A. Bianchi señala que los estudios de leyes le permitieron “tener una comprensión más completa y menos unilateral de la que habría tenido si hubiese estudiado únicamente economía acerca de la naturaleza, causas y consecuencias de los problemas socioeconómicos y, sobre todo, de las condicionantes institucionales, políticas y culturales que deben tenerse en cuenta para avanzar en su solución”.
Los abogados no sirven sólo para sostener, con destreza, las complejas regulaciones que pueda imponer el legislador o que pretenda establecer la administración activa por intermedio de sus múltiples organismos fiscalizadores. La preparación de los profesionales letrados los habilita para desempeñar, con éxito, múltiples actividades. La libertad económica y la de emprender requiere siempre de un sustrato jurídico -inicial y permanente-, sin el cual no se pueden mantener. No debe olvidarse que la ley de la competencia se aplica por igual al Estado y a los particulares.
Por lo demás, la libertad económica lleva a más y mejores relaciones económicas, que cuando no se ajustan al derecho que les es aplicable, conducen al fracaso, porque las normas no se aprueban para dar un gusto a quienes las conciben y las aprueban, sino para preservar derechos.
Por lo expuesto, la profesión de abogado es hoy tanto o más necesaria que en el pasado, y la ausencia de abogados en lo público que se observa, ha llevado a que se considere como superfluo y prescindible el consejo letrado, lo que conduce a la indefensión de las personas.
En suma, no tiene la razón un conocido economista, que en estas páginas, por rechazar -acertadamente- las múltiples regulaciones de la autoridad, cuyo aumento debe observarse con preocupación, supone que los abogados sólo servirían para evitar vallas burocráticas.
